Fábula del buen ciudadano

En aquellos tiempos (habla un antiguo autor sobre los orígenes de Roma) cada hombre trabajaba por acrecentar la república y no su casa, y más bien deseaba ser pobre en un reino rico que rico en un reino pobre. Ojalá los ricos de nuestro reino pensaran de igual modo.

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Por una nueva educación de calidad

El sistema educativo y académico español padece una seria congestión, agravada por la falta de fondos monetarios (o la falta de voluntad para mantenerlos).

Cada año (con crisis o sin ella) el cuello de acceso para los investigadores a un puesto de funcionario en la Universidad es más estrecho. Ello se debe a un factor positivo, como es la abundancia (relativa) de investigadores en ciencias y humanidades, la mayor parte de ellos de una calidad contrastada, aspecto que no se certifica estadísticamente, sino por el respeto que equipos extranjeros de primer nivel muestran hacia los docentes e investigadores españoles, cuya capacidad de trabajo y adaptación a los medios es valorada como sobresaliente.

Mientras la red de investigadores excelentes (sin futuro inmediato, en paro) florece, son muchos los que lamentan la escasa calidad del sistema educativo, en especial en su etapa secundaria obligatoria. A este segmento pertenecen eficaces y sabios profesionales, pero también un grupo indeterminado de personas de toda edad y condición desmotivadas y sin perspectivas de renovación.

Propongo una solución beneficiosa tanto para la educación secundaria (comprendida la formación profesional, desde luego) y la universitaria o superior. A saber, la incorporación de doctores universitarios a la enseñanza secundaria por concurso-oposición independiente (de los no doctores, se entiende). Tal incorporación debería efectuarse en determinadas condiciones: menor carga horaria lectiva, dirección y gestión académica de departamentos, preferencia de destino y posibilidades reales de promoción tanto en la enseñanza secundaria como en la universitaria (a medio y largo plazo).

Sin duda el punto más delicado de esta propuesta es el humano (no el administrativo). Es decir, el probable sentimiento de discriminación de los profesores no doctores con respecto a las ventajas de los profesores doctores y el rechazo (comprensible) de los profesores de secundaria ya largamente establecidos y que se consideran legítimamente competentes para desarrollar todas las tareas propias de un centro de educación secundaria.

Por todo ello la incorporación de doctores debiera ser respetuosa y gradual. Debiera atender en primer lugar a la ubicación de aquellas personas que la Universidad no puede asumir por cuestiones presupuestarias pero que pueden certificar no solo el grado de doctor, sino una sólida experiencia investigadora (y a ser posible docente). Se trata, de la forma más inmediata posible, de ofrecer una oportunidad a aquellos que se encuentran a las puertas del paro o del exilio intelectual y en cuya formación se han invertido cuantiosos recursos.

Soy consciente de que esta acción supondría una nivelación de arriba hacia abajo, y que podría perjudicar a otros jóvenes con menor preparación académica pero, del mal el menor, el beneficio último redundaría en el alumnado y en el propio sistema educativo, que contaría para su etapa secundaria con un profesorado de la más alta competencia en conocimientos científicos y humanísticos, sin renunciar, en absoluto, a la experiencia educativa real de los mejores profesores de secundaria. Encontrar el equilibrio entre ambos elementos en el sistema educativo y permitir que unas cualidades refuercen a las otras, en vez de estorbarlas, es tarea que debe ser emprendida con cuidado exquisito.

Considero que ulteriores fases a la primera, que siempre será hasta cierto punto traumática, de choque, supondrán una motivación extraordinaria para el profesorado en general y, muy especialmente, para los alumnos, que se beneficiarán de la legítima competencia por la adquisición de conocimiento, asociada a la promoción de los profesores. Un profesor raso (aunque no me convenza la terminología militar) podrá acceder a la educación secundaria a través de la oposición reservada a su cupo: tendrá como modelo a profesores ya existentes, con una gran experiencia, y a profesores con el más alto grado de formación académica (doctorado, postdoc…) que sin duda les estimularán en dos direcciones que deben ser solidarias: la excelencia pedagógica (la forma) y la de los conocimientos (el contenido).

La posibilidad de promoción (o simplemente la de disfrutar de ciertas ventajas asociadas al mérito) cercenarán así las inevitables y lógicas inercias que acaban por disuadir a muchos docentes de mejorar su trayectoria, justamente por la falta de reconocimiento y recompensa, o por la insuficiencia de este reconocimiento en proporción al esfuerzo demostrado.

Por su parte, la Universidad podrá beneficiarse (con establecimiento asimismo de una cuota que sirva de garantía) de la incorporación de personas que, lejos de desanimarse, han insistido en su trayectoría investigadora durante su etapa secundaria y la han enriquecido con la perspectiva de una docencia mucho más compleja que la superior. Es importante por ello la preferencia de destino, a fin de garantizar una razonable cercanía con los centros de investigación.

Otra ventaja de un sistema como este es, aparte de la viabilidad económica y social de los jóvenes formados en nuestras universidades (en un periodo en el que, en efecto, se les puede llamar jóvenes por su edad, y no por su posición) radica en la extensión geográfica del conocimiento en su más alta expresión, más allá de las universidades e instituciones de investigación, incidiendo en su auténtica transversalidad y horizontalidad social, lo que redundará en el reconocimiento de la figura devaluada del profesor y en el propio prestigio social del conocimiento en detrimento de la cada vez más extendida banalización de la cultura.

Con (buena) voluntad es posible.

Desaparece el Códice Calixtino

Ha “desaparecido” el llamado Códice Calixtino, pero antes de que este desapareciera lo había hecho el escaso juicio de la sociedad que lo custodiaba a la que, en rigor, se puede tildar de mentecata (de mente capta).

En un Telediario que ha recibido los más distinguidos premios a la profesionalidad y a la calidad de sus emisiones, en horario de mayor audiencia (21:00; 7 de julio de 2011), una reportera, aunque joven no exenta por ello de responsabilidad, calificaba al códice de incunable.

No es preciso recurrir a ninguna eminencia de las letras ni a una oscura monografía para conocer lo que el Diccionario de la Real Academia Española resume sin mayores alardes de precisión como “incunable” (de incunabŭla, pañales), adjetivo: “Se dice de toda edición hecha desde la invención de la imprenta hasta principios del siglo XVI”.

Sabido lo cual, quien no distingue entre un manuscrito (según la primera acepción del DRAE “libro anterior a la invención de la imprenta”) y un incunable (impreso) es tan reo de ignorancia como quien en el orden arquitectónico no distingue una columna dórica de otra jónica.

No se trata, pues, de un arcano para sabios, sino del más elemental bajage de cultura.

El valor del códice es, en efecto, incalculable: forma parte de eso que ahora se llama patrimonio tangible-intangible de la humanidad.

Ese patrimonio se nos había confiado por tradición a los españoles (por así decir). Pone los pelos de punta saber que tan despreciable se consideraba que no se había asegurado, cuando una parte mínima de los fastos anodino-culturales galaico-hispánicos habría bastado para ello. Irrita, y mucho, la actitud pueblerina y santurrona de los curitas que ahora se llevan las manos a la cabeza.

Pero, por favor, o por dios, que quienes no distinguen entre su mano y salva sea la parte no se rasguen en estos días aciagos las vestiduras (talares o no), ni comercien con la efímera emoción del espectador de baba, animándolo a sueños y tramas de policiaco.

Si don Manuel Díaz y Díaz viviera habría llorado de los ojos (¡oh, puertas sin candados!) y se habría indignado hasta donde es posible a un hombre, él sí, con todo derecho.

El que desee sentir ese género de auténticas emociones, de verdadera ciudadanía, que aprenda. El que no, que se olvide pronto de lo ocurrido, pues en nada le afecta a lo que comerá mañana, y que siga viendo Españoles por el mundo, por si algunos de esos simpáticos cosmopolitas de salón corre con el códice bajo el brazo. Porque, ¿Quién sabe dónde?

Democracia 2.0 Participación y Responsabilidad

Si internet en general y las redes sociales en particular han cambiado la forma de hacer política de los políticos y sus partidos, ¿por qué no ha de cambiar también, entonces, la forma de hacer política de los ciudadanos?

La administración electrónica, con el nuevo DNI como instrumento, debería permitir una relación fluida, sencilla y frecuente del ciudadano con los órganos de gobierno.

Ejercer el derecho de voto una vez cada cuatro años (para las elecciones generales) implica una participación mínima e incluso precaria en el funcionamiento del Estado. Demasiada carta blanca para un modelo de gestión (en el que se encuentran implicados todos los partidos políticos) que se ha mostrado ineficaz.

La administración electrónica debería facilitar una participación asidua y relevante de todos los ciudadanos capacitados y mayores de edad en las decisiones fundamentales de gobierno. Debería permitir votar leyes, proposiciones, programas o iniciativas en general de forma colectiva o, al menos, orientar con claridad la acción del Gobierno elegido en las urnas.

De forma “analógica” un sistema similar funciona en países como Suiza, para bien o para mal. En efecto, la mayoría de los ciudadanos puede votar en contra de una ley generosa con los inmigrantes o los desfavorecidos. Pero esa votación implicará una decisión personal tras una reflexión política y moral. De este modo el ciudadano se responsabiliza de forma directa con las acciones de gobierno de su país y no puede achacarlas a una voluntad ajena e incluso extraña (el sistema, la institución, el partido rojo o azul…)

Ergo, Participación = Responsabilidad

Adiós a las fotocopias

¿Hasta cuándo seguiremos en las Universidades fotocopiando en papel? Respuesta: ni más ni menos que hasta que Xerox, Canon u otras compañías no nos proporcionen nuevas máquinas adaptadas a los recientes desarrollos teconológicos.

Una fotocopiadora “ecológica” debiera funcionar como un escáner que nos permita, o bien imprimir en papel (cuando nos parezca necesario), o bien crear, de forma al menos tan rápida como la anterior, un documento pdf, por ejemplo, del documento que deseamos copiar.

Este tipo de máquinas ya existen (en formatos aparatosos, por lo general), en todas las bibliotecas públicas y privadas de cierta importancia. De hecho en el préstamo interbibliotecario se utiliza cada vez más el escaneado y el envío en pdf (muchas veces de penosa calidad, por cierto). Es hora de dar el paso a la fabricación y distribución de máquinas que permitan la copia rápida y eficaz sin gasto obligatorio de papel.

Es evidente que esta idea, al menos por el momento, va contra los intereses de las empresas del sector, incluidas las papeleras, o aquellas que se dedican a la fabricación de los famosos tóner de tinta. Sin embargo la reconversión, como en el sector del automóvil, es necesaria.

Estas empresas deberían convertirse, en un estadio final, en gestoras y administradoras de contenidos. En un primer momento, el precio más barato (por pura lógica) de la copia, podría compensarse con el precio del alquiler de las nuevas máquinas y/o la venta de dispositivos exclusivos para la copia, como memorias especiales usb recargables para la copia en las máquinas de cada empresa.

Pero más adelante no tendrá sentido que cada investigador o cada estudiante, una y otra vez, copie el mismo artículo o el mismo libro. Una vez copiado debiera generarse una memoria de esa copia que posibilitara descargarla desde cualquier ordenador sin necesidad de desplazarse físicamente a la biblioteca junto a la máquina de copias. ¿Por qué perder el tiempo de esa manera? La creación, administración y gestión de un repositorio o almacén de todas las copias sería una tarea colaborativa entre los usuarios y la empresa, que se ocuparía de tareas como la formalización de una base de datos eficaz, la restauración de los documentos (eliminación de subrayados, marcas, recuperación de páginas no copiadas por despiste, etc.) o la negociación de los derechos de autor en su caso.

Iniciativas como la que propongo ya existen en parte o están a la vuelta de la esquina. Puesto que ocurrirá, pidamos que la agonía no se prolongue y que el modelo todavía muy deficitario de, por ejemplo, Google Books, se afine y perfeccione.

Políticos, sindicatos y recortes

Ya dije que asumía los recortes. Se mire como se mire será un modo de recuperar solvencia sin afectar a otros sectores más críticos de la economía. También tengo muy claro que yo mismo, como la mayoría de los funcionarios, no he especulado ni he participado en ninguna de las maniobras económico-financieras que nos han puesto sobre las cuerdas. Pagaremos los platos rotos por otros. Pues muy bien, así sea por el bien común.

Lo que es insoportable es escuchar exigencias por un lado y quejas por otro, sin arbitrar soluciones ni compensaciones. Si la única reforma de calado es recortar el sueldo de funcionarios y gran parte de las pensiones estamos aviados. Para eso no es necesario ningún cerebro brillante, la verdad.

Como tampoco para quejarse lastimeramente, como es costumbre ya en sindicatos y otros partidos políticos que gozan de la comodidad de no gobernar en estos tiempos.

A bote pronto, mientras el café se  enfría lo justo para poder beberlo; cosas que desearía a cambio del recorte (en mi caso el 7%):

1) Que se mantengan o incrementen las inversiones en investigación (tanto en ciencias como en humanidades)

2) Reducción drástica o eliminación del IVA en libros (y otros materiales para el conocimiento) para funcionarios de la educación o con perfil investigador previa mostración de su tarjeta identificadora.

2.1.) Ingreso gratuito en todos los museos o instituciones científico-culturales. Así es en Francia, por ejemplo.

3) Aplicación reducida del IRPF para beneficios obtenidos de la investigación (pagos de conferencias, patentes, etc.)

Y se me ocurren muchas más, pero el café ya está en su punto y este no es mi trabajo. Debo seguir investigando.

Funcionarios y Recortes 5%

No secundaré una huelga o manifestación “de funcionarios” el día 2 de junio (ahora parece que será el 8).

¿Contento con el recorte del 5% y la congelación? No ¿Considero que se trata de una medida justa o adecuada; la acepto? Sí, la acepto, con algunos matices. Habría preferido que me consultaran antes si estaba dispuesto a asumirla. Habría respondido que sí, por espíritu de solidaridad y por responsabilidad ciudadana. También por el honor y dignidad de mi profesión.

Las protestas del próximo día 2 no serán más que una caricatura para el resto de ciudadanos asalariados o en paro, dado el desprestigio y la caricatura constante de la función pública. Muchos se alegrarán de la carga impuesta a los funcionarios.

El funcionario debe preguntarse si es víctima de reprobables tópicos o ha participado en su fomento. Por ejemplo, ¿han protestado los funcionarios antes de que se tocara su propio bolsillo? En términos generales, no.

Precisamente el funcionario tiene ahora la oportunidad de demostrar que, una vez logrado el premio a su esfuerzo tras aprobar algún tipo de oposición, no se ha dejado dormir en los brazos del oportunismo egoista y la indolencia, sino todo lo contrario.

La mayoría de los ciudadanos, en conjunto, somos víctimas, activas o pasivas, de un sistema financiero depredador que mira por el logro individual y no por el bien público. Será mejor pagar los platos rotos que comer en el suelo, pero hemos de exigir, en adelante, un control riguroso que defienda el bien común frente a la rapacidad de personas sin escrúpulos. Es ahora el momento de las regulaciones positivas, como por ejemplo el control del beneficio para impedir la especulación. El doble de lo invertido debería ser un tope legítimo y suficiente de enriquecimiento para cualquier emprendedor.

Deberíamos caminar hacia delante sin resentimientos ni rencores. Hace cuatro años, por ejemplo, un trabajador sin estudios podía despreciar a un funcionario cualificado y disfrutar incluso de un mayor poder adquisitivo. Aplicar ahora por nuestra parte la fábula de la cigarra y la hormiga u otro argumento especioso por el estilo sería inhumano y poco civil.

No colaborar en el bien público significa aceptar que se acrecienten las injusticias, como que el dinero destinado a la cooperación exterior se disminuya drásticamente. ¿En qué culpa han incurrido los que nada poseen?

Personalmente estaría dispuesto a aceptar una reducción del 10%, pero impondría condiciones. Que ese otro 5% adicional sólo pudiera ser empleado y sumado a los gastos en investigación, tan necesarios para impulsar nuestra sociedad. Además exigiría que fueran devueltos gradualmente en el momento en que llegara la recuperación, con opción a que esa inversión del grupo de funcionarios pudiera transformarse en bonos u otro género de accionariado de Estado.

Funcionariado es igual a función pública y, más que un sueldo, es para muchos una vocación. La mayor parte de los funcionarios de escala media-alta podrían haber trabajado en empresas privadas con sueldos más altos. La mayor parte de ellos ejercen la función pública por responsabilidad democrática. La democracia no es el derecho a votar, sino el derecho y el deber de constituir a través de nuestras acciones civiles una sociedad justa y pacífica.

De hecho, no dudaría en asumir mayores cargos en beneficio público para los funcionarios de los cuerpos medios-altos si se aceptara dignificar de una vez por todas nuestro cometido en la vida pública. Es decir, que se legislase una distinción clara y evidente entre funcionario como tal (aquel que posee unos méritos contrastados y una formación especializada) y el “trabajador público” (quien sin una preparación específica ejerce servicios de ‘mantenimiento’ para las instituciones). A estos últimos, que son también los que perciben un salario menor, no les recortaría ni un céntimo, pero a cambio de ciertas prerrogativas como esta eliminaría otras que han colaborado en extender la mala fama del funcionario. Cuando, en realidad, debiera ser al revés. Piensen sobre todo en aquellos maestros, profesores, médicos, letrados… que han hecho lo posible porque su vida sea más ilustrada, más sana y más justa.