Si internet en general y las redes sociales en particular han cambiado la forma de hacer política de los políticos y sus partidos, ¿por qué no ha de cambiar también, entonces, la forma de hacer política de los ciudadanos?

La administración electrónica, con el nuevo DNI como instrumento, debería permitir una relación fluida, sencilla y frecuente del ciudadano con los órganos de gobierno.

Ejercer el derecho de voto una vez cada cuatro años (para las elecciones generales) implica una participación mínima e incluso precaria en el funcionamiento del Estado. Demasiada carta blanca para un modelo de gestión (en el que se encuentran implicados todos los partidos políticos) que se ha mostrado ineficaz.

La administración electrónica debería facilitar una participación asidua y relevante de todos los ciudadanos capacitados y mayores de edad en las decisiones fundamentales de gobierno. Debería permitir votar leyes, proposiciones, programas o iniciativas en general de forma colectiva o, al menos, orientar con claridad la acción del Gobierno elegido en las urnas.

De forma “analógica” un sistema similar funciona en países como Suiza, para bien o para mal. En efecto, la mayoría de los ciudadanos puede votar en contra de una ley generosa con los inmigrantes o los desfavorecidos. Pero esa votación implicará una decisión personal tras una reflexión política y moral. De este modo el ciudadano se responsabiliza de forma directa con las acciones de gobierno de su país y no puede achacarlas a una voluntad ajena e incluso extraña (el sistema, la institución, el partido rojo o azul…)

Ergo, Participación = Responsabilidad