Las noticias sobre los movimientos estudiantiles en contra del llamado proceso de Bolonia se han servido hasta ahora con cuentagotas y, más que nada, a partir de protestas llamativas como los encierros o las supuestas agresiones (digamos incomodaciones) a un grupo de profesores de Derecho en la Universidad de Valencia.

La posición de los medios tradicionalmente simpáticos a las revueltas estudiantiles es fría y distante, por lo general, aunque me congratula la opinión favorable y al mismo tiempo moderada de Javier Ortiz en Público (27/11/08). Como los recogidos de Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia no caminan rodeados de los intelectuales afectos al poder o a la publicidad, sus reivindicaciones pasan por incómodas. Sobre todo para los Rectores que los representan, tanto a ellos como al que consideran su propio y casi exclusivo gremio, el de los profesores (añádase profesores funcionarios). Sin embargo, no me cansaré de insistir en ello, la Universidad es, antes que otra cosa, el conjunto indisoluble de sus alumnos y profesores.

Ayer, en Cuatro, pudimos escuchar una entrevista de Iñaki Gabilondo a Carlos Berzosa, Rector de la Universidad Complutense de Madrid. Ignoro en qué quedaría el diálogo completo porque no dispongo de acceso a CNN+. El caso es que me pareció ver a un Iñaki Gabilondo muy en forma, sabiendo o sospechando todo aquello que en los políticos y, claro, en los rectores, son reticencias y asuntos callados para tratar bajo la mesa camilla. No consiguió arrancar de Berzosa más que vaguedades y la impresión de un desconocimiento profundo de las inquietudes, que no consignas, de los estudiantes.

Hoy en día se extiende la opinión de que Bolonia es inevitable, que se trata de una ley Europea aprobada por el Parlamento español. Y, además, de que los estudiantes son una especie de antieruopeos porque no respetan un plan en el que su representación ha sido ninguna o meramente testimonial, a pesar de ser los mayores afectados, para bien o para mal. Se dice también (dicen los rectores allá donde se les pregunte) que los estudiantes no pueden, no quieren o no saben dialogar, y que son intransigentes en sus demandas las cuales ellos, los rectores, naturalmente, no pueden, no quieren o no saben satisfacer.

Los mismos rectores hablan de Bolonia como si lo que se pactó en aquella Declaración de 1999 fuera lo mismo que cada uno de los gobiernos va a aplicar en sus respectivos países. Los principios de dicha Declaración no son malignos per se. Al contrario, están cargados de buenas intenciones, como el camino que conduce al Infierno. Los únicos antiboloñitas (vamos a escribirlo con ñ) son aquellos a los que no seduce la salsa boloñesa. Porque los estudiantes españoles a lo que se oponen no es a Bolonia (esa especie de santo y seña que se dice rápida en un informativo), sino a la reforma particular que pretende aplicar el gobierno de España y una constelación de consejeros (a veces muy mal aconsejados).

Los estudiantes NO creen que la reforma vaya a privatizar la Universidad, sino que la Universidad tenderá, según el nuevo modelo, a funcionar como una empresa privada, e incluso al dictado de algunas empresas privadas, pero con fondos públicos. Esto es una cosa muy pero que muy distinta. Digamos que se pactan unas prácticas con una empresa privada. Hasta ahí muy bien, por aquello de la integración con el mercado laboral. Pero, ¿y si un departamento o un grupo de investigación básica dedica los esfuerzos de sus alumnos e incluso investigadores a cumplir con las necesidades de una o varias empresas antes que con aquella investigación básica que puede ser esencial para la sociedad? Para evitar estas trampas y que la Universidad provea de cerebros baratos e incluso gratuitos a las empresas, formados con dinero público, de todos, es preciso imponer unas condiciones muy estrictas de alimentación recíproca. Asuntos como éste deben ser explicados con meridiana claridad. Los políticos y rectores debieran dejarse de distracciones y embustes y aclarar las cosas no sólo ante los estudiantes sino ante la sociedad entera, que paga sus lindos puestos.

Los estudiantes temen que se van a perder asignaturas. Pues sí, así va a ser, y quizás no sólo asignaturas, sino también materias y disciplinas concretas. Si las reformas se llevaran a un límite que nadie debiera desear, desaparecerían las matemáticas o el latín y el griego como grados a estudiar en la mayoría de las universidades españolas. El sistema de cuotas de alumnos para los grados (o hay tantos alumnos por año o no hay grado) no es viable para la mayoría de las disciplinas más tradicionales de nuestra universidad y mucho menos para las humanidades, cuya conexión con la empresa es tan tenue en España (al contrario que en el Reino Unido, por ejemplo) frente a las ‘naturalidades’.

Los estudiantes se quejan porque se va a controlar la asistencia a clase. Un asunto menor, de acuerdo, pero no tanto. En efecto, los estudiantes tendrán que dar cuenta de sus horas de trabajo y tendrán dificultades para combinar trabajo y estudio, lo que limita, por ejemplo, la formación superior integral para personas ya integradas en el llamado mercado laboral. El problema de la asistencia y el trabajo va ligado, se quiera o no, al de las tasas. Las tasas de un grado básico no parece que vayan a ser muy superiores a las actuales, pero sí las de la formación que pueda garantizar, en la realidad, un trabajo. Es decir, los estudios de posgrado, máster y doctorado, que elevarán sus tarifas a precios muy altos para la tradición de nuestro sistema universitario y para los que no se ha propuesto un sistema sólido de ayudas y becas, o que al menos sea creíble para los estudiantes.

Claro que hay que hacer reformas, y muy necesarias, pero a ver si va resultar lo de siempre, que tomamos de lo malo lo peor.